En enero del próximo año vence el plazo. El mandato popular es inapelable y el Consejo de la Judicatura de Transición deberá terminar sus funciones. Por ahora tiene deudas pendientes.
La campaña política de la Consulta ofrecía cambiar el sistema judicial. El propio Presidente prometió meter las manos en la justicia, una frase que le valió críticas e insinuaba la interferencia del poder Ejecutivo en el Judicial. En la semana que termina, el Consejo de Transición cumplió un año. Piensa hacer una ceremonia de rendición de cuentas con discursos.
La evaluación que publicó EL COMERCIO muestra que solo el 44% de lo establecido se completó. Le pusieron mucha atención a la infraestructura física. Se compraron y se remodelaron edificios y se construyeron otros. Pero lo físico, sin duda un marco previo para que los despachos sean amables para los usuarios, empleados y jueces, no es suficiente ni lo más importante.
Los veedores, encabezados por el juez español Baltasar Garzón, lo resaltaron. Pero lo tecnológico deja que desear. Todavía se cosen juicios con sogas y hay 2 000 000 de archivos en bodegas inapropiadas. Recién se inundó una de ellas.
Garzón bien sabe que la independencia que él defendió con ardor es indispensable para vivir en democracia y en eso él tiene una deuda con nuestra realidad.
Se posesionaron jueces. Varios de ellos eran conocidos por fallar en causas donde el poder político ha estado vigilante. El caso más emblemático es recordado como Chucky Seven. La causa fue archivada por un fiscal cercano al Régimen y el juez temporal Juan Paredes recibió un nombramiento permanente.
Una justicia sin independencia no es justicia. Esa es la mayor deuda de quienes ofrecieron meterle la mano.