El pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral desestimando una demanda contra la revista Vistazo y la frustrada conciliación en uno de los juicios seguidos a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, muestran la intensidad de la presión sobre la justicia.
En el caso de la revista Vistazo, la Presidenta del Tribunal Contencioso Electoral cerró el expediente por falta de sustento. Los demandantes son activistas políticos y confesos partidarios del Régimen, uno de cuyos colectivos ha utilizado dineros públicos para sus acciones. Los demandantes habían interpuesto una denuncia por un editorial de dicha revista, donde se pronunciaba sobre la Consulta Popular.
La publicación de Vistazo era una posición editorial legítima en una sociedad democrática, donde la batalla por la libertad de expresión atraviesa horas difíciles ante el acoso oficial y los intentos de controlar desde el poder político opiniones y contenidos periodísticos.
Todo ocurrió cuando el abuso del aparato de propaganda oficial interfirió en la campaña apuntalando la tesis oficialista con recursos y discursos desde el poder Ejecutivo, sus medios y cuantiosos fondos públicos.
Los demandantes, disfrazados en un colectivo cultural, han confesado su respaldo político a las tesis de Alianza País. El presidente Rafael Correa, en una clara injerencia, calificó la desestimación del Contencioso Electoral como grave.
Otro tema es el fracaso de la audiencia de conciliación en el juicio contra los periodistas Calderón y Zurita. La demanda presidencial y la de la Ministra de Vivienda, que también cree mancillada su honra, siguen adelante.