Un absurdo por donde se lo mire. Los 11 centros de adolescentes infractores no distinguen a sus internos. El 40% son mayores de edad.
Es simplemente inaudito que se hayan tomado tantas horas de ‘trabajo’ en el tratamiento del Código Orgánico Integral Penal, en el anterior período de la Asamblea, para dejar en la norma legal este despropósito.
Hace unos meses se presentaron hechos violentos en el Centro Virgilio Guerrero de Quito (antes, eufemísticamente se llamaban hogares).
Allí quemaron ropa y colchones. Varios de los muebles e instalaciones destruidas permanecen sin reparación. Entonces se dijo que los mayores de edad habían alentado a los más jóvenes a prender fuego.
Nadie se preguntó en ese momento qué hacían mezclados unos con otros. En algunos centros duermen separados pero en otros no. Aún así, las actividades comunes en los patios son para todos los internos.
Muchos de los infractores tienen talleres. Esa actividad es positiva para que cuando vuelvan a la libertad encuentren una fuente de ingresos. Todos sabemos que haber estado en este tipo de centros no suele ser un buen aval para conseguir trabajo.
Otra de las preguntas que surgen es si se podría tener educación diferenciada o a distancia, identificando si los infractores tienen cursada la escuela o el colegio, y en qué grados, para acompañar su permanencia con formación que les sea útil y les estimule a otra vida al salir en libertad.
La verdad es que el problema carcelario es tan grave, el hacinamiento de tal calibre y la violencia de tal tamaño, que muchas veces no le permite a la sociedad ver esta otra cara del drama humano que viven los menores en el mismo sitio con adultos.
Hace falta que unos y otros vivan separados, que los sancionados con privación de libertad cuando cumplan la mayoría de edad no permanezcan junto a los menores.
Este es otro de los tantos problemas de la gente común que la sociedad olvida y muchas veces oculta.
Se requiere mucho presupuesto pero sobre todo voluntad política y un sincero sentido humano, claro.