La falta de integración de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, desde 2019, genera repercusiones en la ciudadanía y en la función judicial. En primer lugar, esta situación no solo afecta la eficiencia del sistema judicial, sino que también erosiona la confianza pública en la justicia.
Por ejemplo, la ausencia de jueces titulares provoca retrasos en los procesos legales y conduce a una mayor percepción de un sistema judicial ineficaz.
Adicionalmente, el proceso para llenar estas vacantes se caracteriza por ser lento, complicado y, en varias ocasiones, se presentaron irregularidades.
Es importante señalar que, desde hace más de cinco años, no se lleva a cabo un concurso efectivo para seleccionar nuevos jueces. Como resultado, esto deja un vacío crítico en la administración de justicia.
Además, la falta de renovación en el sistema judicial puede dar como resultado una falta de diversidad y representación en las decisiones judiciales. De esta forma, se afecta el principio de justicia equitativa.
Por otra parte, el impacto se extiende a la percepción pública del sistema judicial. En este sentido, la capacidad del Consejo de la Judicatura para gestionar adecuadamente el proceso de selección está en entredicho, lo que alimenta el ciclo de desconfianza hacia las instituciones.
En definitiva, sin una judicatura robusta y competente, se corre el riesgo de que los derechos ciudadanos no se protejan adecuadamente. Esto, a su vez, ahonda la insatisfacción social y afecta la garantía del respeto a los derechos.
Por otro lado, este vacío despierta los intereses políticos que buscan influir en el poder judicial. En consecuencia, un sistema judicial debilitado es más susceptible a presiones externas, comprometiendo su independencia y su función como garante del Estado de derecho.
Finalmente, la falta de jueces calificados puede llevar a decisiones judiciales cuestionables, afectando la legitimidad del sistema.
En conclusión, llenar las vacantes de jueces es crucial no solo para garantizar una administración efectiva de justicia, sino también para restaurar la confianza pública en el sistema judicial.
Por ello, concretar los procesos de selección y garantizar un enfoque transparente y meritocrático para asegurar que los mejores candidatos asuman estos roles vitales no puede seguir extendiéndose más tiempo.
Sin una judicatura fuerte y competente, los derechos ciudadanos y el Estado de derecho en Ecuador seguirán en riesgo.
