LA INDEPENDENCIA TUTELADA

Muchas críticas ha recibido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero el sometimiento a los designios del Poder Ejecutivo y la denuncia de la interferencia del Secretario de Comunicación en una cadena de TV. ponen otra vez en tela de duda su pretendida independencia.

En Montecristi, contrariamente a la concepción clásica de los tres poderes del Estado que viene funcionando en las democracias occidentales desde la Revolución Francesa, se impuso un neoconstitucionalismo garantista donde el Estado de derecho se trocó en un Estado de derechos y justicia. Uno de los sustentos de esa nueva arquitectura constitucional era el poder ciudadano.

Los asambleístas, cobijados bajo la bandera de Alianza País, proclamaron a los cuatro vientos el cambio de época. Tras dos años de vigencia de la Carta Magna, las continuas violaciones a su letra y las preguntas que envió el Régimen a la Corte Constitucional liquidan el “espíritu de Montecristi”. Para algunos ex altos representantes del “proyecto” esta es una “revolución ciudadana” sin ciudadanos.

Triste es la suerte del poder ciudadano. Primero su inoperancia manifiesta y su lentitud para acometer con el engorroso proceso de renovación de autoridades de la “eterna” transición y, para remate, la consulta que interrumpe el proceso de nombramiento del Consejo de la Judicatura.

El sometimiento a la voluntad del Ejecutivo de varios vocales revela lo que se viene sosteniendo desde hace tiempo: la sospechosa sumisión de varios de sus miembros.

Como guinda de este agrio pastel el Secretario de Comunicación -dependiente del Ejecutivo- les habría negado una cadena de televisión. La falsa autonomía de esta función quedó al descubierto. Es una burda ficción.

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