Los impuestos, en vigencia

valore
Descrición
Indignado 16
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 4
Viernes 03 de enero 2020

Luego de superar los errores de procedimiento legislativo, la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria se publicó en el Registro Oficial, con lo cual entró en vigencia a partir del miércoles pasado.

Con una sesión de última hora, que se llevó a cabo el lunes 30, el Pleno de la Asamblea despejó el vacío legal alrededor de esta normativa, aunque el Comité Empresarial Ecuatoriano anunció que prepara una demanda de inconstitucionalidad, aduciendo que se pretende aplicar un tributo de manera retroactiva.

La decisión final dependerá de la Corte Constitucional. Mientras tanto, hay impuestos que empezaron a regir y otros entrarán en vigencia en un plazo de hasta 180 días, mientras se preparan los reglamentos, resoluciones o instructivos para definir cómo se cobrarán los impuestos, por ejemplo, a las fundas plásticas o a las plataformas digitales.

Por ahora, desde inicios de año rige un aumento del impuesto a los consumos especiales (ICE) para las cervezas industriales, que promedia el 10%, mientras que para los planes de telefonía móvil pospago se empezó a aplicar una tasa del 10% por concepto del mismo tributo.

En ambos casos, las empresas productoras o prestadoras del servicio no se han pronunciado sobre si asumirán una parte del impuesto o lo trasladarán al consumidor final, lo cual tendrá un efecto en una inflación que se encuentra en niveles mínimos. La decisión dependerá de un análisis empresarial sobre la respuesta que podría tener el consumidor ante el aumento de precios.

Desde el punto de vista fiscal, los nuevos impuestos, el aumento de los existentes o las contribuciones especiales rendirán al Fisco alrededor de USD 585 millones este año.
Como la reforma tenía una orientación fiscalista, los recursos saldrán de los bolsillos de los consumidores y de las empresas, que bien podían utilizarse para otros fines.

Este nuevo esfuerzo del sector privado para sanear las finanzas públicas obliga al Gobierno a utilizar esos recursos con eficiencia, transparencia y responsabilidad.