El Gobierno propone al Legislativo -donde tiene mayoría- incrementar impuestos temporales por la catástrofe.
Aumentar el Impuesto al Valor Agregado en dos puntos porcentuales por un año, gravar las utilidades, cobrar un tributo al patrimonio que supere un millón de dólares y establecer aportes porcentuales en relación al sueldo para quienes ganen más de USD 1 000, son los ejes.
El presidente Correa argumenta que se trata de medidas por la emergencia. Sería deseable que se blinden esos recursos para que sean destinados directamente a la reconstrucción y no vayan a parar al gasto corriente.
El país viene afrontando dificultades económicas desde finales de 2014, a raíz de la caída de los precios del petróleo.
Hay en el proyecto excepciones tributarias para empresas y personas de las zonas afectadas, lo cual resulta lógico.
El Gobierno anunció líneas de crédito de la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico (manejado por el Estado) dirigidas a la reactivación de la zona. Se propone además la moratoria en el cobro de las deudas por seis meses.
Por su parte, la banca privada tiene listo un plan para contribuir en la activación de la economía de las zonas afectadas. Muchos de los endeudados que lo han perdido todo tendrán dificultades en honrar sus deudas.
Era un tema del que había que ocuparse.
Son buenas noticias para apoyar una larga labor de reconstrucción, priorizando el aspecto humano y solidario por sobre todas las cosas.