LOS IMPACTOS DE LA MINERÍA

El contrato firmado por el Gobierno con la empresa Ecuacorriente, de capital chino, para explotar cobre en la selva de Zamora Chinchipe, generó debates y hasta la larga marcha por el agua y por la vida.

Aspectos económicos, legales, ambientales y especialmente sociales todavía merecen una explicación amplia y transparente.

Cualquier actividad humana genera cambios en la naturaleza. De modo especial la extracción de petróleo y la actividad minera.

La Constitución privilegia el cuidado de la naturaleza y limita este tipo de actividades en zonas consideradas como santuarios ambientales y en las fuentes de agua.

Lo ideal en una sociedad llena de demandas de progreso, es el equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado de la naturaleza y el respeto a las comunidades.

La tecnología ha avanzado mucho y se debe exigir el mayor rigor al proceso extractivo, siempre y cuando las áreas no estén vedadas por mandato constitucional. El Estado tiene obligaciones. Contraloría hizo observaciones pese a lo cual el Ministerio del ramo firmó contratos. El Gobierno debe dar explicaciones exhaustivas.

La extracción del cobre supone procesos delicados y que podrían envenenar el agua, según han denunciado activistas ambientales. El país debe saber qué precauciones se han tomado.

Aún no saben los vecinos de las áreas de explotación cómo se distribuirán los recursos en zonas deprimidas que demandan dinero y obras para superar las lacras del subdesarrollo, la pobreza y la falta de condiciones sanitarias.

Deben clarificarse las normas para una actividad que promete extenderse por el territorio nacional invocando a ese equilibrio antes citado que es indispensable.

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