Desde marzo del 2016 está vigente el seguro de desempleo para afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Desde esa fecha, 80 273 personas se han beneficiado, aunque la Contraloría halló que se hizo el pago a 4 320 personas que no cumplían con los requisitos.
Mientras se aplican los respectivos ajustes para su funcionamiento, al menos dos reflexiones son inevitables. La primera, que este beneficio aparece como una prestación adicional al fondo de cesantía, lo cual significa una respuesta más ajustada a la realidad: el desempleo es una posibilidad más frecuente.
La segunda, que se ata a una política estatal con la que se busca hacer frente a un entorno laboral que muestra índices más bajos de empleo pleno. De hecho, la creación de este seguro es parte de la Ley de Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo.
Los parámetros están cambiando rápidamente y afectan incluso al sector que hace aportes al sistema de seguridad social en busca de prestaciones y de una jubilación. La realidad global, moldeada por el avance imparable de la tecnología, afecta especialmente a los países cuya matriz productiva se basa en actividades primarias, sin valor agregado, como es el caso del Ecuador.
Para los afiliados al IESS, está pendiente la discusión sobre el modelo que se adoptará para asegurar las pensiones jubilares a quienes hayan cumplido su vida laboral. Para contar con los fondos suficientes que le permitan sobrevivir al sistema, se analizan cambios duros pero necesarios, bajo la lógica de los números.
Estos debates, por supuesto, no se producen solo en el Ecuador sino en todo el planeta: el objetivo, quizás utópico, es cómo adaptarse a los cambios paradigmáticos en el trabajo sin sacrificar derechos.
Mientras se encuentran respuestas estructurales a estos graves dilemas, una solución como el seguro de desempleo a los afiliados al IESS resulta útil. Desde luego, la medida debe aplicarse con apego a la ley, y sancionando a quienes abusen.