La situación de 1 100 familias de los empleados y trabajadores de la fábrica de llantas Erco, que funciona en Cuenca, por lo demás la única del Ecuador, es de total incertidumbre.
Desde el 7 de julio el Comité de Empresa, apoyado por 330 personas, afronta tres huelgas y una cuarta que está en trámite. Más de 700 trabajadores quieren volver a sus tareas y un grupo de ellos incluso se ha instalado en las oficinas de la Cámara de Industrias del Azuay para seguir funcionando con la normalidad que esta situación permite, mientras sus compañeros empeñados en la huelga están apoderados de las instalaciones de la fábrica. Una planta industrial que ha significado un símbolo del desarrollo fabril del Azuay y que en plena producción arrojaba 6 500 llantas cada día para atender una parte de la demanda local.
El mercado de un producto tan importante como las llantas involucra desde actividades agroindustriales hasta todo tipo de operaciones de transporte y movilización de personas y mercaderías. Como el país no puede paralizarse es lógico suponer que la demanda deba ser atendida por una presión sobre las importaciones de productos del exterior y que la falta de llantas llegue a elevar su precio en detrimento de los consumidores del país.
La obligación de las autoridades gubernamentales es buscar una salida por el bien de los trabajadores y sus familias y para propiciar una atmósfera adecuada ahora que se quiere llamar a una inversión externa que es magra en el Ecuador. Para ello se ha de dar seguridad jurídica y garantías a quienes quieran traer dinero para distintas actividades y generar fuentes de trabajo que tanta falta hacen.
Declaraciones oficiales que hablan de tomar medidas radicales si no hay acuerdo en nada aportan a esta urgencia.