El Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito, alberga a 2 179 detenidos: 157% más de su capacidad.La situación se repite en varios centros similares en el país.
Los detenidos en los 13 pabellones del centro viven en difíciles condiciones. En algunos casos, las camas no alcanzan y muchos detenidos duermen en el suelo con una cobija.
Las personas que permanecen allí dicen que la comida es insuficiente. Los datos del exministerio de Justicia muestran que el presupuesto nacional para todos los centros y cárceles se reduce, mientras la población de personas privadas de libertad sube, como viene sucediendo desde el 2015, por las nuevas condiciones del Código Orgánico Integral Penal.
Aumentar la población carcelaria sin aumentar su presupuesto y la infraestructura pone en serio riesgo sus derechos humanos.
Sobre la alimentación de las personas detenidas, cabe preguntarse si se mantienen dietas adecuadas, presupuestos transparentes y concesiones con concursos que cumplan lo que la ley exige. El actual modelo contractual no favorece la participación de nuevos proveedores.
Otro aspecto que preocupa es la atención médica en los centros de detención provisional. En los pabellones hay delegados de los detenidos -ellos prefieren que no les llamen ‘caporales’, como se hacía antes como sinónimo de prácticas reñidas con la ley-.A través de ellos, apenas se asignan dos cupos por pabellón para que los privados de libertad puedan acudir al dispensario de salud, pero la atención médica no debiera esperar, ya que además el hacinamiento puede hacer crecer la enfermedad por contagio.
Se sostiene que vivimos un Estado de derecho pero hay cuentas pendientes con grupos que fueron víctimas de la represión en la década pasada y con grupos vulnerables.
Mantener detenidos en una situación como la que se vive en algunos centros de detención también es un atentado flagrante. Una reflexión a propósito de la fecha de su Declaración Universal que, por lo visto, poco respetamos en varios frentes.