EL GOBIERNO Y LA CIDH
Una vez más, el escenario de la Organización de Estados Americanos (OEA) no fue el propicio para los afanes del Gobierno ecuatoriano y su arremetida contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión. En la Asamblea General de la OEA, el Gobierno insistió en el cambio de sede de la CIDH, que opera en Washington.
El tema quedó pendiente tras la última reunión en esa ciudad estadounidense, donde funciona la OEA. Si bien el tema está abierto, no consta entre las prioridades de los países miembros.
A propósito del cambio de dignatarios de la CIDH, el intento del Canciller ecuatoriano, soportado en cabildeos y viajes por varios países para conseguir un voto a favor del delegado del Ecuador, no prosperó.
El Gobierno apoyó a un abogado que había representado al Estado ecuatoriano en varias causas en las cuales fue cuestionado por la Comisión. Su inclusión hubiese supuesto una visión parcializada.
Airada fue la postura del Canciller del Ecuador, acompañado por su par de Venezuela, para exigir rectificaciones al informe de la CIDH, que hace serios cuestionamientos a los ataques contra la prensa libre y la libre expresión.
Si el Gobierno cuestiona que la Relatoría especial obtenga apoyos, bien haría en dotar de recursos a las demás relatorías sin atentar contra esta, que es esencial. Se debiera superar ese episodio infructuoso de una vez.
