El gobierno de Daniel Noboa ha presentado una serie de medidas que buscan aportar al equilibrio fiscal, aunque también generan debates por sus posibles impactos en distintos sectores de la economÃa.
La reactivación del catastro minero por fases, tras más de siete años de inactividad, marca un hito en la polÃtica extractiva. Su apertura por fases, prevista para el 16 de junio de 2025, promete atraer nuevas inversiones. Lo fundamental es respetar el compromiso de transparencia en cada etapa del proceso.
La apertura del catastro minero ha sido un pedido del sector, con el fin de captar inversión extranjera interesada en explorar y explotar yacimientos de oro, cobre y otros minerales en Ecuador.
Sin embargo, también despertará crÃticas de sectores ambientalistas y sociales, preocupados por los efectos en los ecosistemas y comunidades.
Es fundamental que todos los actores involucrados participen activamente para evitar repetir errores del pasado, como es el caso del proyecto RÃo Blanco. Las actividades en esta mina están paralizadas desde mayo de 2018. Ese es uno de los grandes retos del actual Régimen.
Otra medida relevante es la auditorÃa a las empresas públicas del sector energético (Petroecuador, CNEL y Celec) a cargo de firmas internacionales de prestigio. Esta acción puede aumentar la confianza de inversionistas, pero será clave que los resultados se traduzcan en acciones concretas, más allá de simples informes.
También se anunció la eliminación del subsidio al diésel para las grandes empresas atuneras, que concentran el 60 % del beneficio. Se trata de una medida de racionalización del gasto, sin afectar a la pesca artesanal.
En esa misma lÃnea, se aplicará un sinceramiento de tarifas eléctricas para los grandes consumidores industriales. Aunque fiscalmente necesario, este ajuste impactará a sectores estratégicos como la minerÃa y la siderurgia.
Finalmente, el polémico impuesto 4×4, que aplica una tasa de 20 dólares a las compras internacionales menores a 400 dólares, ha vuelto al centro del debate.
Si bien su objetivo es proteger al comercio local y frenar el contrabando, ya ha generado rechazo entre miles de consumidores que dependen de este canal para acceder a productos no disponibles localmente o cuyo precio es menor.
En 2024 ingresaron al paÃs 6,8 millones de paquetes mediante el régimen 4×4, por un valor de 502 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 91 % respecto a 2023.
De estos, solo 292 500 paquetes fueron enviados por migrantes. En el primer trimestre de 2025, el volumen creció un 153 % frente al mismo perÃodo del 2024.
El Estado debe encontrar un equilibrio entre defender la producción nacional y permitir un acceso equitativo al consumo, especialmente en un contexto de recuperación económica y alto costo de vida. Una medida similar ya se aplicó en 2014 con una tasa de 42 dólares y luego se quitó.
