El viernes, el Régimen anunció que modificaba las condiciones de importación de varios rubros cuya venta mueve considerablemente el consumo en el Ecuador. Se argumentó que era un tema de control ambiental en el caso de los vehículos y teléfonos celulares.
Sin embargo, varios analistas coinciden en apuntar que el trasfondo de la medida sería evitar que crezca el flujo de recursos destinados a las importaciones, frente al decrecimiento de la balanza comercial y como una suerte de precaución ante la notable baja de los precios del petróleo de los que depende en buena medida la economía ecuatoriana.
Para los casos de celulares y automotores, se imponen cupos de importación. Las empresas de telefonía móvil y los concesionarios establecidos podrían verse beneficiados de esta situación.
En cuanto a los electrodomésticos y las bebidas alcohólicas, se aumentan los impuestos de importación. Ambas medidas (aranceles y cupos) conllevan un evidente impacto en los precios, lo cual se traslada sin lugar a dudas al consumidor final.
Cuando se alientan medidas restrictivas a las importaciones podrían aumentarse las plantas ensambladoras que arman artículos con materiales importados sin valor agregado y con el solo componente de mano de obra nacional y algún material marginal. La autoridad considera que al menos el 20% del producto debe ser elaborado en Ecuador. Otro de los efectos probables es el incremento del contrabando. Las autoridades todavía no imaginan cómo poner en práctica el control para evitar que en los aeropuertos se introduzca más de un teléfono celular, tal como reza la medida, un aspecto difícil de implementar.