El acuerdo alcanzado por el oficialismo y varias bancadas de la Asamblea, en mayo pasado, hacía pensar que la clase política dio un paso para asegurar la gobernabilidad en el país, superar los desequilibrios ocasionados por el gobierno anterior y solucionar los problemas sociales.
Luego de cuatro meses, ese acuerdo muestra grandes fisuras, que empezaron con el nombramiento de autoridades en la Legislatura. Ahí, dos comisiones -Trabajo y Gobiernos Autónomos- no logran sesionar hasta ahora por diferencias internas, pese a que manejan temas sensibles.
Una mezcla de apatía en la Asamblea y la ausencia de liderazgo en el Gobierno explican la falta de definiciones sobre las reformas económicas, claves para reactivar la economía y el empleo. El Ejecutivo ofreció enviar a la Asamblea sus propuestas de reforma una vez que terminara la vacancia legislativa; es decir, a inicios del este mes, pero no lo hizo.
Ese retraso deja ver que no existen los votos necesarios para aprobar los cambios normativos en materia tributaria, laboral, monetaria y financiera, lo cual tiene efectos en la economía y el sector productivo.
Por un lado, las reformas son un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y definirán los futuros desembolsos que requiere el Gobierno para superar desequilibrios en las finanzas públicas.
Por otro, marcarán las decisiones empresariales en materia de inversión y contratación de personal. En las compañías grandes, los presupuestos del 2020 se arman en esta época del año y, si no hay claridad sobre la normativa, los planes de inversión quedarán postergados.
Cuando se firmó el acuerdo multipartidista, las reformas económicas eran una pieza fundamental para asegurar la gobernabilidad, ya que una economía sana y en proceso de crecimiento beneficiará a cualquier líder político que tenga pretensiones de ganar las próximas elecciones.
El país demanda de reformas que reactiven la producción, fomenten el empleo y protejan a los más vulnerables, pero los líderes políticos aún no sintonizan con esos objetivos.