Durante varios años se ha hablado del potencial minero del Ecuador. Esta semana se firmó el contrato para explorar cobre en el campo Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Es un acuerdo por 25 años, con una inversión de USD 1500 millones por parte de la empresa china y con un rendimiento potencial de USD 20 000 millones, que pueden dejar al Estado USD 5 400 millones. Paralelamente, el Ecuador presentaba en la Feria minera de Canadá sus perspectivas, pero quedaron dudas entre las posibles empresas inversoras sobre los altos impuestos.
No se tiene claro si los estudios ambientales han sido suficientes. Expertos dicen que a partir de la firma del contrato recién empezarán. Ecuacorriente afirma que ya tiene la licencia ambiental. Contraloría emitió varias observaciones que los ministerios de Recursos y Ambiente desestiman. El impacto de la explotación a cielo abierto tiene riesgos significativos.
Se debe garantizar la aplicación irrestricta de medidas de última tecnología a escala mundial para que el deterioro del entorno natural sea el menor posible. Lo ideal es el equilibrio entre el desarrollo económico, el cuidado de la naturaleza y el beneficio social, especialmente de comunidades circundantes.
Por descontado se da que un contrato así debe arrojar cuantiosos recursos económicos para el Estado, dueño del subsuelo y sus riquezas. Las autoridades aseguran que habrá nuevos contratos para explotar cobre y oro. El potencial minero lo estiman en USD 185 000 millones. El proceso empieza con la detención de activistas ambientales que ingresaron a protestar a la Embajada de China en Quito, y su violento desalojo. Ellas cuestionan al extractivismo. Ojalá no sea el presagio de nuevas tensiones sociales.