EXTRAÑO SILENCIO

Hace pocos días se produjeron dos hechos que conmovieron a los ecuatorianos y que, sin embargo, hasta hoy no han sido motivo de reacción alguna por parte de los organismos de derechos humanos que, tradicionalmente, eran los primeros en levantar la voz a nombre de los ciudadanos.

Esos dos casos fueron la muerte de Natalia Emme, en Quito, en un incidente todavía no aclarado en el que intervino la esposa del Fiscal General de la Nación; y la violenta detención policial en Machala al ciudadano Carlos Julio Solano, quien con un gesto de sus manos criticó el paso de la caravana del Presidente de la República.

Ambas situaciones son, de una u otra manera, expresiones de presuntos abusos de poder y excesos policiales en contra de ciudadanos comunes, es decir, constituyen temas directamente vinculados con el irrespeto a los derechos humanos más elementales.

Durante algunas décadas, esos organismos que en Ecuador se integraron por su propia iniciativa y como parte de una tendencia latinoamericana en tiempos de dictaduras militares y represión, mantuvieron un rol muy activo y, en algunos momentos, decisivo en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Pese a que en algunas organizaciones era evidente su militancia partidista y su fuerte matriz ideológica, la sociedad civil vio en ellas una herramienta de dignidad y de lucha social que logró expresar los sentimientos ciudadanos a favor de la libertad, la tolerancia y el pluralismo.

Hoy, sin embargo, esos grupos han pasado al ostracismo, unos porque están muy comprometidos políticamente con el poder de turno y otros porque confundieron su función y dilapidaron la credibilidad y confianza que los ecuatorianos tenían en ellos.

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