Con la posesión de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se inicia otro ciclo.
Por primera vez, sus consejeros fueron resultado de un proceso electoral donde -se presumía- la disputa partidista no debía aparecer.
Pero apareció, y ese afán por controlarlo todo, que dominó una década de poder, transgredió normas y promovió candidatos. No hubo control de la autoridad electoral.
La elección del presidente del organismo para el primer período es un nuevo reflejo de las tensiones que marcan la política nacional.
Ni esta nueva función, que se supone se ejerce a nombre del pueblo, se libró de manifestaciones proselitistas de apoyo a algunos aspirantes a presidir el Cpccs y de alguna alusión a un líder que sigue bregando por incidir en el poder y la política.
José Carlos Tuárez -un cura dominico suspendido por un año por sus superiores- tuvo una actuación desafortunada al decir que él no hablaba con ministros sino con el presidente Lenín Moreno, aludiendo a su jerarquía. Una vez al frente del organismo, y siguiendo el argumento de que sus palabras fueron sacadas de contexto, ofreció disculpas.
La Constitución señala claramente quién preside la Función de Transparencia. Pero lo de fondo es que el nuevo Consejo tiene el mandato de respetar lo actuado por el Consejo Transitorio. Se trató de un esfuerzo cívico sin precedentes para reinstitucionalizar un sistema democrático prácticamente destruido por la mal llamada revolución ciudadana. Eso lo deben tener claro los integrantes.
Más allá de los pactos y votos, las acciones del Consejo Transitorio no se pueden tocar. Así lo dicen la Corte Constitucional y la sana lógica.
No estaría bien empezar esta nueva etapa convirtiendo a ese organismo en una fuente de conflictos, dividiendo al país y generando una nueva lucha política en un campo de batalla devastado durante largos años.
Por lo demás, los consejeros responderán por sus actos y la Asamblea Nacional puede enjuiciarlos políticamente. Va a resultar saludable volver a leer la Constitución.