Policías por doquier, equipos sofisticados, interrupción del tráfico. Son algunos de los efectos detectados en un primer día de la aplicación de severas normas frente a la violación de los límites de velocidad en el país.
La medida se aplica en los centros urbanos y en puntos de la red vial, y se aplica cuando muchas otras normas, así mismo severas, no se cumplen y son un acicate para mantener la corrupción.
Medidas de esta naturaleza merecen una campaña de comunicación previa para que lleguen a la mayoría de sectores, se las entienda, se tome conciencia y se las aplique. Sería muy positivo sustituir la exagerada propaganda gubernamental con este tipo de campañas cívicas.
Preocupa, asimismo, que no exista en calles y carreteras una adecuada señalización de los límites. En ciertos casos, los conductores no saben si se trata de una vía citadina o una perimetral.
No se sabe si el monitoreo satelital está funcionando y de qué forma, por ejemplo para verificar velocidades, comprobar paradas, hacer un seguimiento del número de pasajeros, en el caso de los autobuses, y del contenido y peso de la carga, para los camiones. Es menester instalar limitadores de velocidad para buses y camiones, lo que contribuiría a disminuir el número de accidentes, como ocurre en otros países.
Por último, cabe preguntarse si en un país donde la inseguridad hace presa a la sociedad y el control oficial no llega, se puede castigar el exceso de velocidad con cárcel, al menos en ciertos casos. La proporción de las penas es una condición para vivir en sociedad.
Sería bueno saber si hay cárceles para albergar a los potenciales infractores.