El Gobierno optó por una declaratoria de estado de excepción ante las proyecciones de posibles contagios masivos durante las festividades de Navidad y fin de año.
La Corte Constitucional derogó, algunos días después, el estado de excepción, dejando sin efecto el toque de queda y otras restricciones. Como señalamos oportunamente, el propósito de la contención de aglomeraciones se cumplió.
Pero el debate en la sociedad ha sido fuerte entre quienes optan por poner como prioritaria la protección de la vida y la salud, y quienes vieron arruinadas sus fiestas familiares y miles de negocios perdidos.
La realidad nos indica que no podemos poner en dos lados de la balanza la salud y la economía, o la salud y el sentimiento emocional o religioso.
El Gobierno exhibe cifras de los viajes atenuados entre provincias y hace conclusiones sobre las citas familiares o sociales que no se dieron.
Los empresarios del comercio establecen que hubo impacto y fuerte; habría que decir que probablemente ese impacto no fue solamente por las medidas restrictivas sino por la falta de liquidez y el desempleo reinante.
En el ámbito del turismo y los restaurantes las pérdidas fueron evidentes. Ya ha quedado dicho que se imponen medidas sabias de apoyo y contención económica a una actividad indispensable para la creación de la riqueza nacional y el empleo.
En materia jurídica hay que estudiar la situación más a fondo. Se nos viene un proceso electoral con grandes movilizaciones de ciudadanos a votar, no solo en los poblados y ciudades sino entre varias provincias. Puede ser una fuente de contagios masivos que los sistemas de salud no están en capacidad de contener.
Al Gobierno le faltó tino jurídico al fundamentar el decreto del estado de excepción y los argumentos deben ser bien estudiados si se vuelve a requerir de una medida drástica para evitar un nuevo traspié jurídico. No cabe perder de vista que la primera prioridad es la salud y la vida y hallar el mecanismo para mover la economía y el trabajo es el reto de toda la sociedad en este año.