La situación carcelaria era insostenible y llegó el tan anunciado estado de excepción.Las últimas muertes violentas dejan en claro que operan grupos de poder internos con estructuras mafiosas, que los internos tienen armas y que el personal de control es insuficiente e impotente para actuar.
Se ha denunciado que el personal no tiene suficiente preparación ni implementos para actuar con disuasión efectiva ante los PPL -grupo que parece tener más derechos que los mismos guardias penitenciarios-.
En varias ocasiones se ha dicho que mafias de secuestro, droga y robos tienen a sus cabecillas dando órdenes desde adentro de las cárceles.
Todavía permanece impune el asesinato de la directora de la prisión de mujeres en Guayaquil, Gavis Glenda León. Fue el 27 de mayo del 2018. Una requisa efectuada hace una semana sumó 524 armas, droga, licor y 118 celulares, accesorios y chips.
Hace poco tiempo las autoridades denunciaban el estado obsoleto de los equipos de registro, filtros detectores de metales y rayos X, que no funcionan u operan con fallas. Además, no todas las cárceles los poseen.
También se ha denunciado insistentemente el hacinamiento carcelario y las malas condiciones en las que se mantiene a los privados de libertad en algunas de ellas.
Ahora bien, una medida de excepción requiere personal capacitado para actuar. Es necesario romper las operaciones mafiosas o de grupos violentos dentro de las prisiones, contar con guías no contaminados y, a la vez, mejorar las condiciones.
Hace pocos días, las Fuerzas Armadas empezaron requisas de armas y revisión de automóviles afuera de las cárceles. Los familiares de los presos se quejan y dicen que la violencia impera dentro de las cárceles.
Los soldados están dispuestos a actuar en casos concretos y con el uso progresivo de la fuerza, ha dicho un oficial al mando de un operativo.
El tema de la participación de Fuerzas Armadas es tan delicado que requiere una actuación quirúrgica y puntual, cuidando los derechos humanos y solamente como respuesta a situaciones límite.