Con el diálogo prácticamente roto entre el Gobierno y el movimiento indígena, con una Asamblea Nacional que debate si se destituye al presidente Guillermo Lasso, con las movilizaciones de protesta aún de pie, por otra parte las marchas contrarias en nombre de la paz y el derecho al trabajo, el panorama no luce prometedor.
Bien pudiera llegar el diálogo, se pudiera resolver el problema inmediato y, en el más exagerado de los casos, aceptar sin reparos las 10 demandas de las Conaie y los indígenas regresen a sus territorios, pero las heridas quedarán. Y no serán fáciles de sanar. Ya el país venía con una fractura por lo ocurrido en octubre de 2019, cuando la capital fue sitiada y se vivió un nivel de violencia nunca antes visto con los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Luego la pandemia afectó profundamente el modo de vida y las esperanzas de la mayoría de ecuatorianos.
Siempre hay que considerar que las demandas históricas de los indígenas son legítimas. Ecuador es un país plurinacional, según su Constitución; y el Estado debe tener políticas que vayan en su beneficio, así como para todos los ecuatorianos. Sin embargo, la lucha por esos derechos no puede atentar contra los demás ni tener una agenda de desestabilización de la democracia.
Igualmente son legítimas las marchas por la paz. Aquellos ciudadanos también están en todo su derecho de exigir la pacificación de país y hasta reclamar a la Conaie para que revise sus posiciones y acuda al diálogo. Pero no son deseables tampoco las expresiones racistas hacia los indígenas.
Ya han pasado 13 días del paro liderado por la Conaie que, al menos en tiempo más no en intensidad, supera al de octubre de 2019. Hay un país entero que está sufriendo por una disputa de la que difícilmente saldrá algún victorioso.
Más bien, todos los ecuatorianos perdemos. La polarización en el país ya era algo serio y este conflicto puede exacerbar de tal modo los ánimos que se radicalicen los discursos de odio en ambos bandos y saque a flote nuestros mayores males, que han sido ocultados o frenados por las leyes. Y eso no conviene a nadie en este Ecuador.