Mónica Encalada está desde el 14 de febrero en Bogotá. Teme por su vida. Ahora pide medidas cautelares para ella y su familia ante la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la OEA ( CIDH).
Encalada denunció que fue el abogado del Presidente quien habría redactado la famosa sentencia introducida con un “pen drive” en la computadora del juzgado de primera instancia que dictaminó la sentencia condenatoria contra los directivos y un articulista de El Universo, con una indemnización millonaria sin precedentes en el país.
La ex jueza aseguró en declaraciones televisivas ofrecidas en la capital de Colombia que el abogado del ciudadano Rafael Correa le habría ofrecido una renta mensual de 3 000 dólares. Afirmó antes que el polémico juez Juan Paredes se había reunido con ella.
El caso del fallo cobró especial interés por la inusitada velocidad con la que el juez Paredes redactó la sentencia de 150 páginas y las denuncias posteriores de la utilización de un programa pirata conocido como Chucky Seven, ajeno a los usados en la Función Judicial. Sobre esta materia se han hecho ya peritajes internacionales.La causa está siendo investigada por el Fiscal del Guayas, quien recibió hace semanas la visita de un asesor presidencial.
El país requiere toda la verdad y celeridad para esclarecer este asunto grave y delicado que empaña el polémico proceso judicial y que afecta la imagen internacional del Ecuador y el Gobierno; que atenta contra las libertades y los derechos humanos y que ha recibido repulsa internacional.
Hoy, aunque el Fiscal General diga que la vida de Mónica Encalada no corre peligro, el caso trasciende lo normal y tiene impredecibles y graves implicaciones.