Evaluación a la Corte de Justicia, deber pendiente

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Domingo 07 de julio 2019

La evaluación de la competencia de los jueces de la Corte Nacional de Justicia no puede tardar ni un minuto más.

La recuperación de una vida institucional recta y equilibrada debe ser el pilar de una democracia madura y con sentido pleno de equidad.

El Poder Judicial tiene la misión fundamental de aplicar la ley con sabiduría y equilibrio y con altos quilates morales en los fallos. Para que eso ocurra, la formación y trayectoria de los jueces es indispensable.

Pero junto a los pergaminos académicos, a la capacidad de estudiar, comprender y aplicar la jurisprudencia, al talento y la voluntad de administrar justicia con imparcialidad, un valor supremo es la ética.

La formación moral del individuo, una vida sin urgencias pero sin lujos deben caracterizar a los jueces como una condición ética donde el amor por la justicia debe primar por encima de la subjetividad, los apetitos personales y las presiones.

Durante años, la deuda pendiente del sistema de justicia ha sido la independencia. Aquella indispensable distancia del juez de cualquier injerencia o insinuación del poder político y los poderes económicos.

El momento exige al Consejo de la Judicatura empezar la evaluación por la cabeza de la justicia. La Corte Nacional debiera estar constituida por jueces expertos, maestros, y personas de intachable pulcritud.

Cualquier mácula sobre un juez de alta jerarquía mancha no solamente su hoja de vida sino que pone en la mira a toda la función y, sobre todo, no garantiza una mínima justicia.

Luego de episodios bochornosos con la decapitación de una Corte por parte del poder político, la instauración de la ‘Pichicorte’ y la década donde ‘meter las manos en la justicia’ fue el argumento siniestro del poder político, una vez más se reafirma la urgencia de la evaluación clara y oportuna de los jueces y de todos los operadores de justicia.

Nunca más un poder político que controle todos los poderes y subyugue a la justicia. Es tiempo de potenciar el cumplimiento del debido proceso. Por todo ello, la patria exige una evaluación a fondo y sin demora.