El Gobierno impuso el estado de excepción en las zonas de Esmeraldas donde se han presentado actos terroristas. Se trata de atentados con explosivos y el secuestro de un equipo de este Diario, que cumplía su labor de informar lo que ocurre en un territorio donde debe regir la soberanía ecuatoriana.
El 28 de enero, un día después de la explosión de un coche bomba en las afueras del cuartel policial, entró en vigor el estado de excepción.
El decreto 349 dispone la movilización en todo el territorio nacional y hacia los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, si fuera el caso. Esto en relación con las Fuerzas Armadas y la Policía.
Una medida extrema que se podría adoptar es la requisición de bienes, pero con el señalamiento explícito de parte del Estado de responder por su uso.
Ecuador afronta desde enero un nuevo escenario. La actividad ilícita no se expresa solo en la franja fronteriza, sino en distintas acciones de grupos delictivos detectadas desde hace tiempo.
Narcotráfico, intimidación a pescadores que están detenidos, uso de sumergibles, avionetas y sitios para guardar la droga son ya hechos cotidianos que recoge la prensa, especialmente en Manabí y Esmeraldas y en otras ciudades donde se han detectado bandas criminales conexas con esos delitos.
La deriva violenta se ha llevado la vida de 4 marinos, ha dejado varios heridos y a un equipo periodístico secuestrado. El país debe tomar conciencia y unirse frente a una amenaza que crece.