Estado de excepción contra la inseguridad

Debido a los altos niveles de inseguridad interna que se viven en el país, el Presidente de la República dispuso el estado de excepción durante 60 días, mediante Decreto Ejecutivo.

Con esta medida, el Gobierno busca intensificar los operativos de control, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, principalmente en las provincias con un mayor índice delictivo. Es decir, en El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos.

El incremento de la delincuencia se ve registrado en las cifras: según la Policía, la tasa de muertes intencionales ha crecido de 5,81 por 100 000 habitantes en 2016, a 10,62 este 2021.

Las autoridades vinculan el crecimiento a la presencia del crimen organizado y su relación con carteles del narcotráfico. Algo que también se ha visto reflejado en los crímenes que se han perpetrado en los centros de rehabilitación social del país.

Elementos de la fuerza pública se han desplazado a las calles desde ayer, para realizar operativos de control de armas, municiones y explosivos, requisas de drogas y patrullajes.

El artículo 165 de la Constitución de la República menciona que, durante el estado de excepción, el Jefe de Estado puede suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad del correo, la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, y la libertad de información.

Si bien el estado de excepción no suspende ni limita la libertad de tránsito, de información, tampoco la libertad de reunión o asociación de las personas, su aplicación llega en momentos en los cuales se advierten movilizaciones de diferentes sectores sociales y sindicales que se oponen a la gestión gubernamental. Dirigentes de movimientos sociales y sindicales rechazan el decreto, por el temor de que las Fuerzas Armadas sean usadas en las manifestaciones.

Más allá de la declaratoria del estado de excepción, el país demanda una política clara y sostenida frente a la inseguridad. Transcurridos los 60 días del Decreto se espera un plan eficiente y de largo plazo.