La posible existencia de un esquema de espionaje en el país merece una investigación exhaustiva.
En una acción que de entrada se destaca, el Fiscal General de la Nación ha solicitado a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones un informe sobre las interceptaciones telefónicas efectuadas en el país. Solo así se podrá aclarar si algunas de las ‘escuchas’ se realizaron o no con autorización judicial y por qué motivos.
La decisión de Fiscal coincide con las nuevas denuncias de presuntos ‘pinchazos’ telefónicos y digitales, que se agregan a la que fuera presentada en su momento por Martha Roldós. Como ya es conocido, el correo electrónico de la exasambleísta fue ‘hackeado’ y algunos mensajes, de manera hasta ahora inexplicable, fueron publicados en uno de los medios de prensa oficiales. Asimismo, aún no hay datos claros sobre los autores del video ‘Pelucoleaks’, que fue exhibido en el noticiero de uno de los canales incautados.
Además, los asambleístas Lourdes Tibán y Andrés Páez fueron a la Fiscalía para denunciar la difusión de los contenidos de sus chats privados por parte de una cadena de TV incautada. Han señalado que se trata de una grave violación a su derecho a la privacidad, a la comunicación y a la intimidad.
Queda claro, entonces, que aún hay capítulos por contar e investigar más a fondo. Esa es una tarea pendiente para la Fiscalía y los jueces. El país dispone de leyes y reglamentos -si se quiere de vanguardia- que sancionan y regulan actividades de esta índole.