Eran bomberos, artistas, médicos y policías; ciudadanos sin representación u organizados en sindicatos; una prolongación de los indignados que surgieron hace un año y que ahora cobran vigor, se toman las calles, repudian al Gobierno y sus duras medidas.
De Madrid a Barcelona, de Bilbao a Sevilla, en más de 80 ciudades, los manifestantes se hicieron de carteles y de botellas de agua para paliar el agobiante calor de verano, acaso más encendido por el furor de las protestas. Los recortes incluyen rebajas de días de vacación de los funcionarios, eliminación del pago extra de Navidad, menos cuantía del seguro de desempleo y el alza del IVA del 18 al 21%. Los espectáculos serán gravados y eso afecta al teatro, los conciertos, las corridas de toros. Los promotores y artistas temen que el público se ahuyente y empeoren las ya bajas taquillas.
A los manifestantes se han unido también algunos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aquel que dejó crecer la burbuja inmobiliaria cuando estaba en el poder, que recibió las críticas de Rajoy desde la bancada de oposición y que le entregó una papeleta difícil de resolver desde que asumió el poder hace medio año. Hoy la bomba de la crisis le estalla en las manos al Partido Popular (PP).
Los ajustes, que suman 65 000 millones de euros, hacen parte de un paquete de compromisos y medidas que el Gobierno español debe asumir para acceder a los 100 000 millones que el Eurogrupo piensa situar para el rescate de la banca española; no son dádiva sino préstamo que deberá ser honrado. Así, mientras en Alemania el Parlamento aprobaba, no sin resquemores, la parte de ayuda de ese país para el rescate de España, esa nación se sumía en la indignación popular.