El desabastecimiento de medicinas, infraestructuras maltrechas, equipos sin mantenimiento, personal sanitario desgastado e inconforme son algunos síntomas del agravamiento de la crisis que padece el sistema de salud ecuatoriano, desde antes de la pandemia por covid-19.
En el último año no se dimensionaron las trabas institucionales que afronta el sector y que no se resuelven solo con inyectar más recursos económicos o declarar en emergencia para dotar de fármacos e insumos sin una ruta clara que evite una vez más compras dudosas y de baja confiabilidad.
La población, que en su mayoría no está afiliada al Seguro Social ni tiene un seguro privado, no accede a servicios básicos de calidad gratuitos como manda la Constitución en la propia zona donde vive. Esto debido a la carencia de una sólida red de atención que integre a los operadores médicos públicos, privados y de asistencia social, como el MIES, desde el nivel local.
Hay que reconocer que ha habido intentos, pero que se han diluido por trabas burocráticas, geográficas, informáticas, desconocimiento, etc., pero principalmente, por corrupción. En la Fiscalía reposan 120 procesos abiertos por esta causa y solo son los que han llegado con indicios de responsabilidad penal desde la Contraloría o por denuncias aisladas.
Los gobiernos de turno siguen priorizando la atención curativa en los grandes hospitales, en donde los pacientes ya llegan con enfermedades catastróficas y terminales. Esto evidencia que el nivel primario no cumple su papel para identificar a tiempo las patologías y darles un correcto tratamiento.
Frente a este escenario y luego de pasar meses sin un ministro que atienda al menos los problemas más urgentes de la ciudadanía y que formule un plan de contingencia para reestructurar el sector, no se visualizan soluciones reales.
Hay que entender que la salud es uno de los pilares que sostienen el equilibrio político y social en que el gobierno debería desenvolverse. Si no es cuestión de falta de dinero entonces el nuevo ministro necesita demostrar eficiencia y gobernabilidad.