Nuevamente se genera la sensación de una ayuda estatal para paliar una crisis que suele ser cíclica: la producción bananera, dependiente de las épocas de cosecha, y las demandas del mercado internacional.
La ayuda estatal, que llega tardíamente y como paño de agua tibia frente a problemas de fondo, promete ahora la fumigación de las plantaciones ante la plaga de la sigatoka negra, y la compra de la fruta tropical al precio oficial. Entre el 80 y 90% de las plantaciones está en manos de pequeños productores que a su vez deben entregar los resultados de sus cosechas a empresas exportadoras. El precio oficial es de USD 5,50 por caja de banano, pero muchas empresas encargadas de comprar banano y luego exportarlo no pagan al productor sino USD 2.
Ahora el Gobierno promete comprar la producción al precio oficial. Entre las promesas está una mayor intervención estatal en la creación de una empresa que se encargue de exportar para evitar la intermediación. Sin embargo, se sabe que el Estado no suele ser un buen administrador y que, en una economía abierta, la intervención estatal puede ser perniciosa o ineficiente.
El discurso, siempre oportuno para una campaña anticipada que buscaría una reelección presidencial, es exigir soluciones al Ministerio del ramo. La pregunta que formula el Jefe de Estado solo podría tener una respuesta del mismo Ejecutivo. Sostiene que durante cinco años y medio se han burlado de los productores. En todo ese tiempo, si la solución existiese, ya debió llegar. Si la responsabilidad de no adoptarla es del propio Poder Ejecutivo cabe preguntarse entonces quién lleva la culpa.
A la mitad del período crítico de este año apenas está llegando la declaratoria de emergencia bananera.