Durante cinco horas, varios cancilleres del continente o sus delegados trataron el caso de la amenaza del Gobierno británico de aplicar una ley interna para justificar una eventual irrupción en la Embajada del Ecuador en Londres, donde se halla Julián Assange. Finalmente, se aprobó una resolución de solidaridad con el Gobierno del Ecuador. Las informaciones dieron cuenta de que Canadá y Estados Unidos pusieron reparos, pero el texto fue finalmente aprobado.
Las sedes diplomáticas son inviolables y, aunque Londres ahora lo niegue, las informaciones de la semana pasada daban cuenta de la amenaza: la posible invocación de una ley interna de Reino Unido, de 1987, que autoriza irrumpir en oficinas diplomáticas cuando se trate de temas de seguridad nacional. Esa ley jamás se ha aplicado.
Ecuador convocó a reuniones de Unasur, la Alba y la OEA, y en el estricto tema de la inviolabilidad de su Embajada recibió adhesiones. El caso de Julián Assange, fundador de Wikileaks, cuya filtración fue publicada por los más prestigiosos periódicos del mundo, está en boca de la opinión pública mundial. Assange buscó amparo en la sede diplomática ecuatoriana cuando era requerido por la justicia de Suecia por presunto abuso sexual.
Ecuador decidió calificar el asilo diplomático, cuya valoración solo compete al Estado ecuatoriano de manera soberana. Gran Bretaña no ha entregado el salvoconducto y el huésped se vuelve incómodo. Pero está claro que una cosa es el asilo diplomático, sobre cuya conveniencia se pudiera debatir, y otra muy distinta la amenaza de una irrupción. También está claro que el asunto de la imputación sueca es muy distinto a un posible enjuiciamiento por la filtración de cables de las embajadas de EE.UU.