El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio marcha atrás en su decisión inicial y fijó los comicios presidenciales y legislativos para el 7 de febrero de 2021.
La reacción del alto organismo del sufragio suena lógica en vista de la argumentación del Tribunal Contencioso Electoral: teme no disponer del tiempo suficiente para evacuar eventuales apelaciones.
Así se alivia ese resquemor. Pero surge la pregunta: ¿ por qué razón no se tomó en cuenta este aspecto con antelación? En todo caso, el tema parece superado y debe ser ratificado por el CNE en breve.
El nuevo calendario obliga a reajustar el cronograma de la convocatoria para el 17 de septiembre de este año. Un día después y hasta el 7 de octubre inclusive se podrá inscribir las diferentes candidaturas.
Otro aspecto clave es la entrega por parte del Fisco de los dineros que demandan las distintas tareas especiales del proceso electoral.
Se ha abierto una suerte de disputa pública y se han formulado advertencias sobre los riesgos de retrasos y omisión de trabajos si los recursos no llegan a tiempo. Las autoridades del Ejecutivo y el CNE debieran tratar estos problemas de manera profesional y en las debidas instancias. Un debate público puede generar suspicacias innecesarias.
Todos estos temas deben ser evacuados y organizados con tiempo y sin desatar polémicas ciudadanas.
El fallido juicio político a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, los permanentes desacuerdos entre los vocales y la historia todavía presente acerca de muchos escrutinios presidenciales con denuncias de fraude, en tiempos del correísmo, demandan una acción conjunta que demuestre que se puede organizar unos comicios en serio.
Esto significa actuar con absoluta transparencia, con respeto irrestricto a la voluntad popular y con el suficiente apoyo de la tecnología.
Unas elecciones limpias y una actuación correcta, desde los vocales del CNE hasta el último funcionario, pueden mejorar una imagen que se ha afectado por episodios recientes y prácticas oscuras del pasado.