La elección del nuevo Cpccs es una tarea difícil

En la consulta popular del 4 de febrero del 2018, se preguntó a los ciudadanos sobre el cambio de la elección para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para que fuera el voto universal el que determinara qué personas debían estar en ese organismo. Para las elecciones del 2019 se implementó y los resultados fueron complejos.

El 5 de febrero del 2023, el país volverá a elegir a los consejeros del Cpccs por votación abierta. La importancia de este ente es vital: la Constitución del 2008 le quitó la potestad de nombrar autoridades de control al poder Legislativo, y le delegó esa tarea al Cpccs. La conformación del Cpccs, en teoría, debía ser apolítica y ciudadana según los preceptos de los creadores de la Carta Política de Montecristi, para no permitir que las fuerzas políticas siguieran manejando esos nombramientos. Pero el Cpccs terminó siendo un satélite de la Presidencia, en manos entonces del correísmo, con lo que queda la duda de si todo ese enjambre de decisiones de la Constituyente fue para asegurar al Ejecutivo los entes de control o si se trató de una simple charada.

Aun así, con la elección de los miembros del Cpccs por voto popular, tampoco es que las cosas cambiaron. Su primer presidente, José Carlos Tuárez, y los vocales Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez fueron destituidos por la Asamblea una vez que quisieron hacer una mayoría que pretendía tomarse la Corte Constitucional. Ahora Tuárez fue condenado por liderar una red que ofrecía cargos. Luego, su sucesor, Christian Cruz, fue destituido por incumplimiento de funciones.

Así, esta es la oportunidad para que los ciudadanos tomen mejores decisiones sobre quiénes deberán llevar las riendas del Cpccs. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que luego de un proceso de estudio de los postulantes, de 191 aspirantes, solo 22 pasaron y se esperan las impugnaciones para saber el número total. El peso de esta votación es importante. El país debe estar atento a las promesas de los candidatos, que no tienen capacidad de ofrecer obras públicas o políticas o sociales.

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