La reciente evaluación de la ONU sobre el sistema judicial de Ecuador pone sobre la mesa problemas que el país enfrenta desde hace décadas: corrupción, inseguridad y la influencia del crimen organizado en instituciones que, por naturaleza, deberían ser independientes y robustas.
No se trata de señalamientos menores. El Comité de Derechos Humanos de la ONU habla de una situación “preocupante” y “frágil”, donde la falta de protección a jueces y fiscales, la infiltración en las cárceles y los constantes estados de excepción son temas prioritarios que requieren atención inmediata.
Las recomendaciones de la ONU no pueden quedar como un simple documento de observaciones. Deben convertirse en una hoja de ruta que guíe las reformas urgentes en el sistema judicial y en la protección de los derechos humanos en Ecuador.
En Ecuador, el poder judicial no solo enfrenta desafíos por la falta de recursos y el congestionamiento de causas. Además sufre la penetración del crimen organizado. Los casos Metástasis, Plaga y Purga expusieron esta realidad, revelando que grupos criminales han logrado influir en las decisiones de jueces, fiscales y otros funcionarios. Esto pone en riesgo el principio de imparcialidad judicial.
Esta situación genera una imagen de un sistema que, lejos de proteger a los ciudadanos, parece estar doblegado ante intereses ilícitos. El Comité advirtió que esta “fragilidad” del poder judicial compromete la base del Estado de derecho en Ecuador.
El informe de la ONU apunta a las insuficientes medidas de protección para jueces y fiscales, muchos de los cuales enfrentan amenazas de muerte, atentados y agresiones. Sin un entorno seguro para quienes administran justicia, se corre el riesgo de que los funcionarios terminen cooptados o intimidados. Es imperioso que el Estado implemente medidas sólidas y efectivas para brindar protección a quienes ejercen estas funciones. Debe garantizar la integridad de los procesos judiciales y la confianza pública.
El pronunciamiento de la ONU también aborda otros temas sensibles. Como la persistente discriminación hacia la comunidad LGTBI, la violación de derechos en centros que practican la “terapia de conversión”. También los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al aborto en casos de violación, pese a que la ley lo permite. Estos puntos reflejan una deuda histórica en materia de derechos humanos que el país debe saldar para avanzar hacia una sociedad inclusiva y justa.
El pronunciamiento de la ONU debería ser una llamada de atención para la sociedad ecuatoriana. Si bien la actual administración ha manifestado su compromiso de enfrentar estos desafíos, la tarea no será sencilla ni rápida. Lograr una justicia independiente, libre de corrupción y capaz de proteger a sus funcionarios y ciudadanos es una meta que demandará voluntad política, recursos y el apoyo de la comunidad internacional.
El reto ahora es actuar. Las recomendaciones de la ONU no pueden quedar como un simple documento de observaciones; deben convertirse en una hoja de ruta que guíe las reformas urgentes en el sistema judicial y en la protección de los derechos humanos en Ecuador.
