Las protestas de mediados de febrero en las afueras del Colegio Montúfar en Quito dejan huella. Un grupo de estudiantes se excedió en episodios de violencia y la autoridad cayó sobre ellos con gran rigor.
Es curioso. Ese escenario había sido elegido por el Presidente unos pocos meses atrás para realizar su acto político más significativo: una sabatina.
Nadie puede cobijar los actos violentos y los desmanes que provocaron destrozos a la propiedad pública y ataques con secuelas para varios miembros de la Policía Nacional.
La detención de estudiantes fue el primer episodio de largos expedientes e investigaciones soportadas en las imágenes de video que mostraban la violencia.
Hasta el momento 20 alumnos fueron suspendidos o reubicados en otras instituciones. Queda pendiente todavía tramitar pruebas de descargo que varios estudiantes presentarán para demostrar su poca o ninguna responsabilidad en los actos vandálicos imputados.
La manifestación en las calles ha sido una característica de ciertos colegios emblemáticos cuyas aguerridas actitudes los han catalogado como simbólicos en luchas populares o reivindicaciones estudiantiles.
Hoy un puñado de sus alumnos se halla en la incertidumbre. Es importante que, sin eludir las acciones para los responsables de actos vandálicos, la autoridad calibre su papel para corregir las actitudes sin conculcar el derecho de los estudiantes a culminar sus estudios y servir al país como hombres de bien.