Es imposible pasar por alto la facilidad con la cual el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha acogido la denuncia de una supuesta alteración del orden constitucional en el Ecuador, a propósito de la convocatoria a consulta popular y referéndum.
Quienes la plantearon fueron el expresidente Correa y el excanciller Patiño, bajo el argumento de que lo legal era esperar a que la Corte Constitucional se pronunciara sobre las preguntas planteadas por el presidente Moreno.
Tanto la utilización de ese argumento -el anterior Gobierno lo usó para convocar a una de las consultas- como el hecho de que quieran validarlo ante la OEA, resulta, por decir lo menos, llamativo. Patiño tuvo entre sus objetivos debilitar el Sistema Interamericano y Correa no se ahorró ningún calificativo para desprestigiar al organismo.
Se entiende que, en un momento de soledad interna y externa, los políticos recurran a todos los medios a su alcance para defenderse contra los posibles efectos de la consulta que tendrá lugar en febrero. Pero eso no los deja a salvo de la incoherencia. Moreno la resaltó el lunes último, cuando invitó al organismo a constatar el proceso ecuatoriano.
Almagro, al precipitarse a validar el pedido de dos ciudadanos y anunciar un informe, pone al Ecuador en el nivel de países que, desafortunadamente, atraviesan problemas graves, como Honduras y Venezuela. Pero, sobre todo, olvida que se trata de un organismo de Estados y no de individuos.