Luego de varios meses de estudio llegó el Informe sobre la Deuda. Varios ministros y otros funcionarios sumados al expresidente irán a indagación por presunta responsabilidad por el Ministerio Público.
Varios aspectos del Informe pueden considerarse críticos. Sin duda el secretismo para manejar las operaciones de deuda podría atentar a la transparencia pública. El secreto se guardaba no solo durante la negociación -cosa lógica, por lo demás- sino que bloqueaba el acceso a los términos de los contratos.
Otro aspecto, que en momento provocó polémicas y cuestionamientos, fue entregar petróleo por deuda, la operación de preventa petrolera comprometió al petróleo del Ecuador con los acreedores y los recursos frescos que requería el país para su operación dejaban de llegar para atender la obligación.
El que Petroecuador se haya endeudado y que esas operaciones que debieron ser responsabilidad entera del Ministerio de Finanzas siempre recibió cuestionamientos técnicos y legales.
Otro aspecto crítico es el del cálculo del techo de la relación deuda-PIB. La norma legal habla del 40%, el cálculo con la deuda consolidada fue motivo de debates y hoy, en un momento clave podría dejar al fisco sin opciones de financiamiento si no se revisar el tema.
Además, todo este caso debe ser sutanciado por una Fiscalía General cuya cabeza afrontará un juicio político en la Asamblea Nacional y se somete a revisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.