La reserva monetaria, clave en la reforma al BCE

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Viernes 12 de febrero 2021

El Banco Central del Ecuador (BCE) tiene USD 6 500 millones en papeles del Ministerio de Finanzas y de la banca pública, que no se pueden vender fácilmente para obtener la liquidez que se requiere a la hora de enfrentar cualquier emergencia económica.

Ese es el punto medular del proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización, que el Ejecutivo tenía previsto enviar ayer a la Asamblea, luego de corregir problemas en el texto.

Lo que está en juego con esta reforma es el manejo de la reserva monetaria, cuyos recursos pertenecen mayoritariamente a los depositantes del sistema financiero, pero también a empresas públicas, municipios, IESS y Gobierno central.

Cuando se habla de defender la dolarización, en realidad se habla de tener una reserva monetaria sólida y con la liquidez suficiente para cubrir, al menos, el 100% de los recursos que tienen en el Banco Central los depositantes del sistema financiero.

Esto último no se ha cumplido, ya que el Central se convirtió en un ejecutor de la política económica del Gobierno, desde el 2008. Y comenzó a usar la liquidez de la reserva para sostener el elevado gasto público.

Lo anterior cambió la estructura de la reserva, es decir, bajó la liquidez y aumentaron los papeles.

En el 2009, por ejemplo, las reservas líquidas cubrían el 70% de todos los pasivos, incluidas las obligaciones con la banca. En el 2017, cuando se hizo la mayor cantidad de inversión en papeles, la cobertura bajó al 28%.

Una reducción de la liquidez pone en riesgo los pagos al exterior, sea para importar bienes y servicios o pagar créditos. También limita la entrega de efectivo al mercado interno, a través del sistema financiero.

Si se tiene claro que es importante precautelar los recursos de los depositantes, los otros puntos de la reforma debieran tener menos resistencia, ya que es deseable un Banco Central independiente del Ejecutivo, que ofrezca al público información transparente y que cuente con gente técnica y sin conflicto de intereses.

En el debate en la Asamblea, los legisladores deben poner por delante los intereses de los depositantes.