Con 97 votos, la Legislatura acogió la voluntad popular expresada en las urnas el 4 de febrero y derogó la Ley de Plusvalía.
Ese instrumento legal, aprobado por el anterior con empecinamiento y sin consenso nacional, frenó la actividad constructiva, de suyo retraída por la recesión y la contracción derivadas de la crisis económica que se quiso ocultar.
Ante el solo anuncio del resultado de la consulta, la reactivación empezó a advertirse. La construcción es uno de los factores de mayor dinamismo y concatena muchas actividades de producción, empleo -especialmente en los estratos bajos castigados por los rigores de la economía-, venta de materiales y planificación de proyectos urbanos de vivienda orientada a distintos sectores de la población.
Si desde entonces se empezó a mover el sector, se espera que la activación siga su marcha, y no solamente con los créditos del banco del IESS sino, y como ya ha empezado a constatarse, con créditos de la banca privada.
Pero aún no está zanjado el debate sobre si la derogatoria de la Ley implica volver a la del pasado. Esas normas anteriores no se podrían aplicar, toda vez que en su momento dejaron de regir.
Y hay que desvirtuar una falacia del régimen pasado y sus seguidores, que trataron de poner un palo en la rueda a la derogatoria. Las transacciones de inmuebles pagan impuestos y los propietarios apoyan las arcas municipales por los tributos de carácter predial, y eso no ha cambiado.