La libre expresión

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Una conquista por las libertades ciudadanas y el ejercicio de la comunicación, se acaba de producir por las sorpresivas enmiendas que la Corte Constitucional (CC) derogó la semana pasada.

Si bien es verdad que se puede advertir en la resolución algún viso de conveniencia o cálculo político, algunos de los temas abolidos crearon polémica.

Con malicia o mala fe, el Gobierno pasado, junto con su inmenso aparato legislativo, incluyó la idea de que la comunicación era un servicio público. Esa consideración llevó a que se la trate como otro de los servicios que presta el Estado y poner al periodismo bajo la tutela de entidades gubernamentales.

Todo lo contrario. Los mismos principios de las libertades consagradas en instrumentos internacionales califican a la comunicación, la expresión y el periodismo como derechos irrenunciables de las personas, las organizaciones sociales y políticas y los pueblos.

Aquí se planteó una guerra planetaria, se tachó a los medios privados de mercantilistas y se instauró una lucha sin cuartel para abolir los espacios para ese ejercicio libre. Cada sábado una condena o un insulto; en cada resolución del ente controlador, persecución y multa.

El camino de la libertad recién empieza y si bien es cierto que se incluyó malhadadamente en la Constitución la existencia de una Ley de Comunicación durante la vorágine revolucionaria de Montecristi, hoy se busca reformar sus efectos dañinos. Los legisladores tienen la palabra.