CIDH y comunicación

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La reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que impuso sin consenso nacional el anterior gobierno, llama la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Edison Lanza, relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, estuvo en la Asamblea y habló con la Comisión que debate el tema. El Relator dejó 44 observaciones. He aquí algunas ideas fuerza que deben considerarse.

La comunicación es un derecho y no un servicio público (como el agua potable o la luz), y no puede ser controlada por el Estado. Los códigos deontológicos corresponden a la naturaleza y principios de cada medio, no deben ser dictados por una Ley.

Es loable el derecho a la réplica pero las versiones no pueden ser impuestas en espacios y formas.
Preocupa que exista una Superintendencia de Comunicación: el Estado dictando ‘el deber ser’, supervigilando contenidos, sancionando y multando.

Los medios públicos y el riesgo de ser empleados como propaganda (Ecuador vivió ese abuso por una década, fueron empleados como medios gubernamentales y nunca públicos, sin pluralismo y con una sola voz).

La responsabilidad por las opiniones de otros y el linchamiento mediático, las previsiones sobre cómo contrastar la información, fueron comentadas.

La CIDH piensa que el Estado debe promover la profesionalización de los periodistas, pero no imponerla.