Manejo transparente y recto de las pocas vacunas

La llegada al país de 8 000 vacunas, solo un adelanto de las primeras 86 000 dosis a recibir, ha surtido efectos complejos por su manejo.

A la necesidad de contar con información completa sobre la administración de la vacuna; los tiempos de llegada de las nuevas remesas y los costos, así como el listado de personas que recibirán la doble dosis para cumplir la expectativa que la autoridad sembró, se suma la preocupación sobre el manejo presuntamente preferencial de unas dosis.

En primera instancia se dio a entender que se suministraría en 95 hospitales y geriátricos. Se informó que se tomaría en cuenta para las primeras vacunas a personal de primera línea frente al virus y a ciudadanos vulnerables en centros geriátricos.

Hasta aquí, todo bien. Pero se produjo la remoción de una funcionaria en el Hospital del IESS. A la sospecha de dosis suministradas a quienes no lo requieren con urgencia se añade su entrega en una residencia de adultos mayores exclusiva de Quito.

Hay que ser claros: todos merecemos tener acceso a las vacunas, pero la escasez genera la urgencia de cumplir con rigor la administración de las dosis, en función de las prioridades que estableció el propio Estado.

Estaría mal si se comprobara favoritismos o preferencias. Las personas en un centro privado tienen tanto derecho como los asilados en uno público, pero es probable que las condiciones de cuidado y distancia personal no sean las mismas. Las políticas deben ser claras -de hecho están establecidas- y cumplirse.

El Comité de Transparencia que conformó el Primer Mandatario pide una lista de hospitales y de personas vacunables, cronogramas de inmunización, calendarios de las dosis y funcionarios responsables.

Cabe insistir en el manejo limpio de la administración de vacunas frente a la gran demanda social y la obligación de otorgar información completa sobre la materia.

El Defensor del Pueblo plantea la dimisión del Ministro de Salud. Se esperan explicaciones, pues los funcionarios públicos tienen el deber de responder por sus actos.

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