Verdad y justicia sobre los sucesos del 30-S

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Lunes 01 de octubre 2018

La mañana del 30 de septiembre de 2010 ocurrió un hecho inesperado que provocó horas de incertidumbre nacional. El desenlace -de cinco muertos, varios heridos y decenas de detenidos- todavía no se esclarece.

El impulsivo presidente de entonces fue al cuartel policial insurrecto pese a que varios funcionarios le advirtieron sobre los posibles riesgos. Se ponía la investidura del presidente y su integridad física en peligro.

Después de desafiar a los insubordinados a que le dispararan y ponerse a buen recaudo tras los actos injustificados de algunos policías, el mandatario fue rescatado del encierro de varias horas con un operativo militar de alto riesgo.

En el saldo trágico contamos cinco muertos, decenas de heridos y 50 detenidos, dos de ellos hasta ahora. Muchos soldados y empleados perdieron su trabajo. La investigación de entonces involucró a 298 personas. Los imputados siempre aludieron a presiones desde las más altas esferas del poder y hoy exigen la amnistía general, así como la investigación de las actuaciones de 165 jueces y 65 fiscales.

La operación respondió a una orden directa de quien tenía comunicación ininterrumpida con su gabinete, los jefes militares y personajes de gran influencia del continente.

Los canales recién pudieron informar en la noche. Durante horas, el gobierno maniató a los medios de comunicación encadenándolos a la señal de la televisión oficial.

Se presentó a la insubordinación y a la injustificada retención del expresidente como un intento de magnicidio. Se habló de un ‘golpe blando’, cuando se sabe que un golpe de Estado solo puede ser articulado con las Fuerzas Armadas, y en este caso la cadena de mando estaba intacta.

Para construir el relato oficial se abusó de la propaganda y de millonarios recursos. La Contraloría investiga este último tema.

Por su parte, la Fiscalía indaga la muerte del policía Froilán Jiménez en el operativo. Apunta al expresidente Correa con la figura de ‘autor mediato’ y a su Ministro de Defensa.
Ocho años después, el país demanda justicia y saber toda la verdad.