El Gobierno y los 90 asambleístas que aprobaron la eliminación del denominado impuesto verde celebraron este hecho como un triunfo político, pues se repararon los errores técnicos y de procedimiento cuando se aprobó esta normativa, la cual tampoco cumplió con sus objetivos.
Sin embargo, esa decisión puede debilitar la cultura tributaria en el país.Si la Ley es aprobada por el Ejecutivo en los próximos díastal como fue enviada por la Asamblea, los contribuyentes que pagaron cumplidamente este tributo no serán resarcidos, mientras que aquellos que no lo hicieron se beneficiarán de descuentos y remisiones con laLey Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.
Esta normativa establece la remisión del 100% de intereses, multas y recargos para los contribuyentes que arrastran deudas pendientes por no haber cancelado a tiempo el impuesto.
Quienes aún no cancelan el valor correspondiente al 2019 podrán hacerlo bajo los términos que se aplicaron el año pasado, cuando regía un descuento del 50%.
Los contribuyentes que sí pagaron a tiempo este tributo, sea con recursos propios o con crédito bancario, no tendrán ninguna retribución. Hasta junio del presente año se habían recaudado USD 65 millones.
Para los auspiciantes de la Ley, el fin justifica los medios. Y la eliminación del impuesto verde se convirtió en un objetivo superior, que bien podía soportar algunas bajas como la indignación de los contribuyentes cumplidos o el deterioro de la cultura tributaria. En segundo plano también quedó el pedido del Ministro de Finanzas, quien recordó la inconveniencia de no aprobar leyes sin financiamiento o derogar leyes que reduzcan los ingresos fiscales.
El propio Ejecutivo dejó sin piso a su Ministro, al impulsar la eliminación de un impuesto que generó 779 USD millones en siete años y no proponer una alternativa para obtener recursos que reduzcan la contaminación vehicular, como ofreció.
El Estado contará con menos recursos fiscales y con el mismo problema de la contaminación.