El miércoles, de modo sorpresivo, el Secretario Jurídico de la Presidencia llegó hasta la Asamblea Nacional y anunció que el Gobierno presentará un nuevo paquete que podría contener hasta diez enmiendas constitucionales.
Las enmiendas traen un abanico de temas disímiles. Van desde el manejo de la plusvalía -de la cual el Ejecutivo busca participar y que ahora está en manos de los municipios- hasta el universo de electores de los prefectos, pasando por el manejo de la venta de los derechos de patentes de conocimientos ancestrales para los indígenas, y asuntos atinentes a las garantías y normas para la fiscalización.
Es innegable que el Ejecutivo, desde su nueva visión política pragmática, quiere manejar la agenda nacional y ponertemas en discusión, muchas veces, unos sobre otros, saturando el debate. Lo que no deja de ser curioso es que desde los discursos y proclamas maximalistas se exageró en aquello de que la Carta de Montecristi era una Constitución para 300 años.
Apenas a seis años de su vigencia ya se empeñaron el Régimen y su fuerza política Alianza País, en unas primeras reformas que deberán efectuarse por la vía de la enmienda, conforme la decisión polémica de la Corte Constitucional, donde la reelección presidencial es el motor de la propuesta.
La Asamblea todavía no se emplea a fondo en este último tema, que tiene plazo perentorio, ni tampoco en las otras enmiendas aprobadas, pero en el mapa político ya asoman nuevas preocupaciones. Un estilo de vértigo.