Edificios judiciales: prueba inapelable de derroche

Si la obra pública inmortaliza a un Gobierno y lo hace perdurable, el derroche lo estigmatiza y lo llena de oprobio.

Esa es la situación del despilfarro, durante la década pasada, cuando la ostentación se manifestó en la construcción de grandes obras públicas como la fallida Refinería del Pacífico e hidroeléctricas con problemas de diseño y altos costos, o las escuelas del milenio a las que el Presidente actual ya calificó de elefantes blancos.

Igual cosa se observa en la inmensa y vacía infraestructura en los servicios de justicia, en un país donde lo que falta es lo de fondo: precisamente, justicia. Una justicia equilibrada, para todos, oportuna y ética.

Como ese evidenció en varias publicaciones periodísticas que fue posible ventilar en el año que terminó, el desperdicio de dinero en obras grandes, mal hechas e innecesarias, en muchos casos, fue la cara de la justicia. Es lo que se quiso proyectar como renovación, cuando en el fondo se reprodujo un sistema atávico y poco eficaz donde los menos privilegiados siguen excluidos.

Luego de informes de Contraloría y varias publicaciones periodísticas como las mencionadas, el Consejo de la Judicatura ahora nos dice que 43 unidades judiciales tienen problemas de subutilización. Basta ver las fotografías y el video sobre el tema para constatar las obras inútiles y monumentales, que parecen más monumentales por lo vacías.

En uno de los casos se estimó que, de acuerdo a la demanda de servicio, la cantidad de oficinas inútiles apenas se llenarían después de un siglo, claro, cuando sus instalaciones estén obsoletas. El colmo del derroche.

EL COMERCIO fue a 11 edificios en varias provincias y constató el colosal desperdicio y la sobredimensión de obras en relación con la demanda. Esa sola condición -las instalaciones- no es suficiente para que la justicia llegue en forma oportuna, lo cual es primordial, y en forma limpia, que es lo neurálgico de la justicia .

El modelo monumental de Correa fracasó, ahora hay que establecer responsabilidades, sus costos y perjuicios a los dineros públicos, y terminar la reforma de la justicia.

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