La denuncia de un medio serio como BBC dejó al país desconcertado. 20 millones de personas quedan al desnudo.
Los datos de esas 20 millones de personas -entre ellos millones de fallecidos- y niños, ponen en grave riesgo a la sociedad ecuatoriana.
La información robada durante años ya no podrá ser manejada en forma discreta por cuanto ya debe estar en manos de usuarios potencialmente peligrosos por doquier.
Aun cuando se informó que los datos que se generen desde el 11 de septiembre de 2019 estarán protegidos, lo que ya se reveló es muy grave.
Allí están la identidad, la dirección, las cuentas bancarias, el historial crediticio, los números de teléfono, el Registro Único de Contribuyentes, los bienes y propiedades de millones de personas, con lo que quienes tienen acceso a esa información pueden usarla de distintos modos.
Desde la entrega de datos con fines comerciales hasta la posibilidad de delitos contra la seguridad personal, pasando por las estafas, son algunos de los riesgos potenciales.
El presidente Lenín Moreno enviará una ley de protección de datos. El mandatario encargó investigar el tema a los ministros de Gobierno y de Telecomunicaciones. Los secretarios de Estado expresan su alarma.
La justicia debe actuar de modo inmediato y establecer si, como se presume, los responsables de esta colosal filtración trabajan o trabajaron en la función púbica, si fueron personal de este o del anterior gobierno y tomar medidas urgentes para hacer una denuncia internacional.
Una alarma adicional supone saber que 6,7 millones de niños también están en estos siniestros listados que vulneran a todos los ecuatorianos y cuyos datos se pueden emplear de manera inadecuada.
Ya los ciudadanos viven agobiados por constantes llamadas telefónicas ofreciendo todo tipo de servicios e inquiriendo por datos que debieran ser manejados con discreción y con la debida autorización.
Esta noticia desafortunada puede ser la oportunidad de parar de una vez por todas estos abusos contra el tiempo y la privacidad personal.