La relación entre Ecuador y Venezuela se ha convertido en un constante punto de debate durante las últimas elecciones. No es la excepción en la actual campaña entre los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González.
La postulante por la Revolución Ciudadana declaró durante el debate del domingo 23 de marzo que, en caso de ganar las elecciones, reconocerá al régimen de Nicolás Maduro como Gobierno legítimo para poder repatriar a ciudadanos venezolanos que, según ella, han ingresado al país de forma irregular y “quitan el empleo” a los ecuatorianos.
“Necesito reconocer el Gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a mi país”, afirmó González. La frase abrió el debate público.
Reconocer al régimen de Maduro no es un simple acto protocolar. Implica, en primer lugar, alinearse con un gobierno sancionado internacionalmente por Estados Unidos y otros países occidentales. Desde 2019, Washington ha impuesto sanciones a quienes negocien con el régimen venezolano, especialmente en sectores clave como el petróleo. Venezuela mantiene relaciones rotas o congeladas con varios países, entre ellos algunos con los que Ecuador mantiene lazos comerciales y políticos esenciales.
Además, una decisión de ese tipo podría reconfigurar la política exterior ecuatoriana en un momento de fragilidad institucional y económica. Ecuador necesita mantener una imagen internacional de neutralidad y compromiso con la democracia para garantizar el respaldo de organismos multilaterales y el acceso a financiamiento internacional. Un giro hacia Caracas podría generar tensiones con aliados estratégicos y afectar la estabilidad diplomática regional.
El trasfondo de la declaración de González también revela cómo la presencia de migrantes venezolanos se ha convertido en un tema utilizado con fines electorales. Según cifras de ACNUR, Ecuador alberga a más de 500 000 ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales viven en condiciones precarias, enfrentando xenofobia y exclusión. Si bien es legítimo que el país establezca políticas migratorias claras, usar a una comunidad vulnerable como chivo expiatorio representa un riesgo serio para la cohesión social.
Vincular la crisis laboral o de seguridad a la migración venezolana ha sido una estrategia común en discursos políticos en toda la región. Sin embargo, expertos en derechos humanos advierten que estas narrativas solo agravan la discriminación. El Observatorio de Movilidad Humana del Ecuador ha señalado que el 34% de los migrantes venezolanos ha sido víctima de algún tipo de violencia o rechazo en el país.
Venezuela enfrenta una crisis humanitaria interna que ha llevado a la salida de más de 7 millones de personas. Las capacidades del Estado venezolano para recibir y reinsertar a sus nacionales son limitadas, y hasta ahora, los esfuerzos de repatriación voluntaria han sido mínimos.
Por otro lado, es cierto que la migración desordenada genera desafíos. La falta de documentación y la situación laboral irregular de muchos venezolanos dificulta su inserción y genera tensiones con la población local.
La realidad migratoria es compleja y, por tanto, requiere miradas más amplias y humanas. No se debe olvidar que millones de ecuatorianos también han emigrado a otros países, como España, Estados Unidos, Italia o Chile, buscando mejores condiciones de vida. Muchos de ellos también han sido víctimas de estigmatización y xenofobia. Exigir respeto y solidaridad para los nuestros en el exterior implica ofrecer lo mismo dentro de nuestras fronteras. Ahora mismo, el gobierno estadounidense de Donald Trump ejerce políticas duras contra los migrantes, lo que sugiere que desde aquí se mantenga una visión integral.
El reto no está en cerrar fronteras o buscar enemigos externos, sino en diseñar políticas migratorias inteligentes y humanas. Es posible fortalecer los mecanismos de regularización, exigir documentación, evitar la explotación laboral y a la vez combatir la xenofobia. La responsabilidad del discurso político es vital para no profundizar divisiones y evitar estigmatizaciones.
La campaña presidencial no debería convertir la migración en un eje de polarización. Los problemas del Ecuador son profundos y estructurales, y reducirlos a la presencia de ciudadanos extranjeros es simplista.
