El próximo gobierno heredará una economía convaleciente, cuya recuperación dependerá de los resultados del plan de vacunación -hasta ahora limitados- y de reformas para aumentar la productividad del país.
Si bien la pandemia hundió todos los indicadores económicos el año pasado, no hay que olvidar que el país ya registraba varios años de déficits fiscales elevados, los cuales se financiaron con un fuerte endeudamiento público. La economía nacional se encontraba estancada desde el 2015, pero el año pasado se contrajo 7,8%, lo cual destruyó fuentes de empleo, aumentó la informalidad y disparó la pobreza, sobre todo en las zonas rurales del país. La reconstrucción del tejido productivo será uno de los principales retos del próximo gobierno, el cual dependerá del éxito del plan de vacunación.
Sin haber controlado la pandemia no se podrá pensar en reducir el 32% de pobreza. Hasta finales del año pasado, 32 de cada 100 ecuatorianos vivían con menos de USD 2,80 diarios, pero en el campo son 48 de cada 100.
Visto de otra forma, el aumento de la pobreza significó un deterioro de la clase media. Se calcula que esta pasó de seis millones de personas en el 2019 a cinco millones el año pasado. Un millón de personas quedaron fuera debido a la recesión y a la pérdida de empleos formales.
En marzo pasado, Quito, Cuenca, Machala y Ambato registraron las mayores tasas de desempleo del país. La situación de la capital es crítica, con una tasa del 13,5%, mientras el promedio nacional es 5,8%.
En cuanto a finanzas públicas, el actual Gobierno se adelantó a decir que no deja la ‘mesa servida’, pero las cuentas están más transparentes que hace cuatro años. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está encaminado y se logró aprobar una reforma importante en la Asamblea, como fue la Ley de Defensa de la Dolarización.
El Gobierno saliente deja avanzadas las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad social, lo que ayudará al próximo Régimen a acelerar las transformaciones para avanzar en la reactivación.