Fu e el 150 período de reuniones de la CIDH. El alto organismo que estudia la situación de los derechos humanos, y cuya sede se afinca en Washington, conoció el caso de Ecuador. Los temas de libertad de asociación y de expresión se ventilaron.
Se conoció la disolución de la Fundación Pachamama con base en el controvertido decreto 16. Fundamedios denunció el deterioro de la Libertad de expresión con la Ley de Comunicación.
Los representantes del Estado ecuatoriano ignoraron a la Comisión. El Canciller y el Secretario Jurídico de la Presidencia argumentaron que la CIDH no tiene competencias y no enviaron representantes.
En el pasado este Gobierno ha acudido a la CIDH y ha acatado sus fallos, pero ya viene criticando al Sistema Interamericano para los Derechos Humanos y acaba de negar la aplicación de medidas cautelares en pro del legislador Cléver Jiménez, condenado a 18 meses de cárcel.
Es un contrasentido que el organismo de la OEA, que funciona en pro de la gente y sus derechos, sea denostado, mientras al mismo tiempo algunos gobiernos blindan al Consejo Permanente y prohíben el debate público para oír el caso de Venezuela en la voz de una líder de la oposición.
La Comisión mostró su preocupación por la actitud del Estado ecuatoriano, que pone obstáculos a los organismos defensores de los derechos humanos. Se insistió en visitar el país, para lo cual se requiere de una invitación oficial.
La actitud frente a la CIDH es preocupante.